Sumas que son restas

Hace algunos años, mi hermana menor me compartió una historia. Se trataba del caso de una mujer analfabeta, desempleada, madre soltera y cabeza de una familia compuesta por ella y nueve hijos. Había llegado a Cali, al sector conocido como Distrito de Aguablanca, desplazada de su tierra debido a los continuos enfrentamientos entre la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el ejército colombiano en el sur del país, específicamente en el departamento de Nariño.

Mi hermana relataba con asombro los cálculos económicos que la mujer realizaba para intentar sostener a su prole. Según ella, si por cada hijo el gobierno aporta bimensualmente a los beneficiarios del programa Familias en Acción[1] dos tipos de incentivos: educación, aplicable para los hijos entre 5 y 18 años, y salud para niños menores de siete años (en aquel momento ambas ayudas representaban un ingreso de aproximadamente $100.000), ella se embarazaría nuevamente para acceder a tales beneficios.

Leído de esta forma, el argumento puede resultar ilógico, pero desmitifiquemos la primera idea que se impone a la mente ante un hecho similar: el hijo como un instrumento para alcanzar un fin. Es muy posible que sí sea un instrumento, pero en otro sentido. Ese niño como proyecto y lo que representa para el Estado tiene sobre sí, según la visión de su progenitora, la "obligación" de mantenerse, una creencia similar a la que sostiene la consabida expresión: "cada hijo trae su pan bajo el brazo". 

Si bien el aporte del gobierno es una ayuda para mitigar las dificultades económicas que padecen las familias de los sectores más vulnerables, tanto en zona rural como urbana, es la base fundamental de la economía de los grupos familiares cuya cabeza no devenga ningún ingreso fijo. El argumento de la mujer, aunque irreflexivo, es común entre quienes no logran planificar su vida y la de su familia sin el subsidio.

Ante esta situación, cabe preguntarse qué responsabilidad debe atribuirse al Estado colombiano por fomentar la reproducción de estas conductas, que tienen en el incremento de la población negra de la región del Pacífico una de sus consecuencias más notables. Los objetivos de la política son claros, busca contribuir a la reducción de la pobreza y la desigualdad del ingreso; pero el incentivo es un arma de doble filo. 

En primer lugar, es un tipo de discriminación positiva que, aunque ayuda a solventar la crisis, impide la construcción de ciudadanía, creando sujetos dependientes, privados de las condiciones sociales, culturales y políticas básicas para su reconocimiento, y al mismo tiempo, impedidos para el desarrollo de sus capacidades.

En segundo lugar, es un programa asistencialista que cada día cobra más fuerza en una sociedad donde las situaciones más graves no tienen respuestas reales y definitivas. El subsidio distorsiona el derecho a la lucha y la reclamación legítima en igualdad de condiciones, inhibe la libertad de pensamiento y acción y convierte a los beneficiarios en títeres electorales que garantizan la pervivencia del programa y de ciertos actores políticos en el poder.

Otra consecuencia lamentable es la percepción que sobre los subsidiados tienen las clases media y alta, quienes los consideran vagos, desvergonzados, obtusos y acomodados, viviendo tranquilos del esfuerzo ajeno. Sin embargo, los subsidios que el gobierno asigna a los empresarios, no a los pequeños campesinos, para el desarrollo del campo son de cifras astronómicas; por supuesto, se trata de sostener empresas y generar nuevos empleos. El subsidio entregado a las Familias en Acción sirve para mal morir despacio, cargar sobre sí la vergüenza de ser sostenido por la caridad pública y tener disponible un remanente de mano de obra hambrienta dispuesta a trabajar por cualquier miseria.

Moralmente se nos vende el discurso de que "trabajar dignifica la vida humana", aún si no estamos de acuerdo y no eligiéramos una vida al margen, lo ideal sería que cada uno tenga un empleo o una actividad que le garantice vivir dignamente y con menos zozobra. En lo que a mí respecta, he pasado mis días trabajando más tiempo del necesario, desde temprana edad, y realizando labores amadas por costumbre, porque la lista de lo elegible era corta.

Si aplico una ecuación simple: esperanza de vida más nivel de cansancio por edad de jubilación, la posibilidad de jubilarme es remota; si a eso le sumo el pasivo pensional de mi país, los malos manejos administrativos, las pensiones desproporcionadas a congresistas, presidentes y demás prohombres (algunas personas consideran que los altos salarios son merecidos porque los funcionarios se han esmerado construyendo patria, son las cabezas pensantes, argumento que no comparto pero no expondré aquí mis razones), los empleados públicos de diversos regímenes que a fuerza de lucha se han ganado unas reivindicaciones que ahora resultan onerosas para quienes están en la base social, las personas que reciben varias mesadas y otras circunstancias, seguro garantizan otra reforma pensional en unos años, cambiando mi edad de jubilación de los 57 a los 60 o más.

No vivo la situación de los hombres y las mujeres marginados porque perdieron o nunca adquirieron las habilidades que exige el mercado. Muchos de ellos, como la madre de nuestro ejemplo, están obligados a mantenerse a flote a fuerza de empeño y anhelando tener más hijos para no dejar de percibir los exangües ingresos que asigna el gobierno a través del subsidio. 

Lo mío es de otra naturaleza; a veces me imagino en una especie de mundo feliz similar al paraíso cristiano, que se me antoja un lugar de ocio, viviendo por el simple placer de hacerlo y sin preocupaciones económicas. Pero eso sería una excepción a nuestra regla humana de producir para llevar el pan a tu boca y, si no lo haces tú directamente, que lo hagan otros, a quienes para eso les pagas o los subsidias.

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[1]  Familias en Acción es un programa de transferencias monetarias condicionadas que busca contribuir a la reducción de la pobreza y la desigualdad de ingresos, a la formación de capital humano y al mejoramiento de las condiciones de vida de las familias pobres y vulnerables mediante un complemento al ingreso.  Además se obtienen beneficios no esperados gracias a los espacios de participación comunitarios y el papel activo que desempeña la mujer en el programa como receptora de las transferencias.  Las familias beneficiarias deben garantizar la asistencia de todos los niños menores de siete años a las citas de control de crecimiento y desarrollo de acuerdo con la edad y el protocolo en salud definido por el Ministerio de Salud y Protección Social.  En cuanto a educación, los niños deben estar matriculados y asistir regularmente a clases.   Fuente: Htt!p//:www.departamentodeprosperidadsocial.gov.co