Abortos sociales

El poder del hambre

La Iglesia Católica vuelve a expresar su oposición a la decisión del Consejo de Estado de incluir en el Plan Obligatorio de Salud (POS) el medicamento abortivo Misoprostol. Este fármaco deberá ser proporcionado de manera gratuita por las EPS a las mujeres que necesiten interrumpir el embarazo en casos de violación, riesgo para la vida de la madre o inviabilidad del feto, según lo despenalizado por la Corte Constitucional.

No pretendo entrar en polémicas sobre los límites de la vida, aunque tampoco la concibo como una abstracción. Mi interés es desplazar la discusión sobre el aborto a otro terreno, proponer que el término debe aplicarse también a los habitantes de calle o las comunidades empobrecidas, denominar la expulsión social como una forma de aborto, "abortos sociales", individuos considerados inviables o cuyas condiciones de vida los sitúan en un punto de no retorno.

¿Por qué un feto nos despierta un tipo de sensibilidad y solidaridad que no sentimos frente a los llamados “pobres históricos”? ¿Por qué no sentimos lo mismo ante un anciano desvalido, una persona enferma, alguien sin empleo, una madre cabeza de hogar o un niño que pasa frío y hambre fuera de los muros? 

Entre todas las respuestas posibles, quiero centrar mi atención en las percepciones que tenemos sobre el Estado y en cómo el desmantelamiento del estado de bienestar incide en la construcción de una percepción individualista del desarrollo.

El cambio en el enfoque del Estado, pasando de la preocupación por los desfavorecidos a la protección de empresas en desventaja en las relaciones económicas interestatales, tiende a romper el vínculo Estado-sociedad-individuo. Décadas de abandono y la creciente certeza de estar solos en la lucha por la supervivencia borran al Estado frente al ciudadano.

En Colombia, como en otras naciones con alta brecha social, las desigualdades estructurales estrechan las expectativas sobre el futuro. Explicamos las problemáticas socioeconómicas atribuyendo carencias subjetivas, como la creencia de que la pobreza es hereditaria no en términos sociales sino culturales. 

Consideramos a los desempleados como perezosos o faltos de iniciativa. Acusamos a los pobres de malgastar o tener inclinaciones hedonistas que desestiman la seguridad económica.

Las contingencias y la suerte, más que la estructura del Estado, definen el nivel de bienestar de una persona. Representamos la pobreza como una opción voluntaria de quienes la padecen. 

Basamos la movilidad social ascendente en los recursos, capacidades y habilidades individuales. Aceptamos las asimetrías distributivas, percibiéndolas como inevitables e incluso normales, donde la miseria y la desigualdad se vuelven la regla.

Algunos argumentos son válidos, como las herencias familiares y los capitales acumulados, pero la pobreza, compartida por millones, tiene raíces más profundas. Nuestras representaciones del fenómeno forman parte de las formas de violencia social aceptadas e interiorizadas como legítimas.

Las visiones individualistas de desarrollo son explicaciones subjetivas que alejan el problema de la acción política. Esta herencia del mundo moderno refuerza la individualidad en detrimento de los vínculos sociales. 

Rechazamos manifestaciones básicas de solidaridad y justicia a favor de los pobres históricos. La diferencia entre un feto y una persona pobre radica en que el primero tiene todo por delante, mientras que un niño hambriento carga con la culpa de la incapacidad de sus padres ante las demandas del mercado.

Las medidas implementadas por los gobiernos colombianos profundizan estas representaciones. La explosión demográfica en zonas rurales y marginales tiene raíces en programas de beneficencia que distorsionan la realidad. 

Algunas mujeres, desesperadas por sostener familias numerosas, deciden embarazarse para acceder a beneficios gubernamentales, jugando con las sumas ofrecidas. Los abortos sociales carecen de regulación que impida su existencia.

¡Libertad... para pensar!